El autoritarismo con que se ha afrontado la epidemia actual en los últimos días con la declaración del estado de alarma no tiene una justificación sanitaria. Obedece a una política que busca reforzar la actitud social pasiva, aislada, temerosa y dependiente, hoy en día hegemónica en las sociedades occidentales. Desde un punto de vista sanitario, la participación activa comunitaria es bastante más efectiva.
Marlaska comparece flanqueado por dos militares de alta graduación y, mientras, la policía se dedica a perseguir a caminantes solitarios por calles y parques desérticos. El ejército en la calle y, mientras, los representantes públicos sintiéndose simbólicamente al timón, haciéndose la ilusión de que esta vez no se limitan a cumplir con el guión que escriben los poderes económicos.
No creo que debamos infravalorar una epidemia global que se difunde con rapidez por todo el planeta, y cuya gravedad no es despreciable, aunque en estos momentos su letalidad se esté probablemente sobreestimando. Es una pandemia en la que confluyen cuatro factores: un microorganismo virulento, la ausencia de inmunidad en la población, la carencia de una vacuna y la facilidad de transmisión de persona a persona por secreciones respiratorias, tanto de forma directa como a través de superficies contaminadas. Se trata de un virus peligroso cuyo origen no es ajeno a nuestro hábitos de producción y consumo. Nuestras formas de vida urbanas, metropolitanas y globales han facilitado la difusión acelerada por los mismos caminos que transita el capital.
El Gobierno anuncia medidas enérgicas y algunas dudosamente justificadas. ¿Cuál es el riesgo de pasear por la calle, por la playa, o por un parque, para contagiar o para sufrir un contagio? Tiende a cero. Entonces, ¿por qué se prohíbe? Al parecer, se crea alarma social para evitar otras actividades que sí son de riesgo. Y todo ello parte de considerar a la sociedad insensata, ignorante y poco responsable, y necesitada de autoridades fuertes y decididas para imponer medidas con todo el peso de la Ley y toda la coerción del monopolio de la violencia a manos del Estado.
Pero esa lógica soslaya que toda la Ley desarrollada sin proporcionalidad y sin justificación tiende a propiciar su incumplimiento o, al menos, la falta de compromiso con su aplicación. Cuando el límite de velocidad de un tramo de carretera es de 80 km/h, muchos conductores no creen que ese limite refleje el riesgo real y se sienten tentados de rebasarlo si creen que pueden sustraerse a la vigilancia policial. Los semáforos son muy útiles para regular el tráfico, pero a las cuatro de la mañana, en una ciudad desierta y en una calle con buena visibilidad, la tentación de no obedecer se multiplica. Por lo tanto, la credibilidad de cualquier medida depende de una credibilidad que las incoherencias pueden debilitar de forma rápida y completa. ¿Un trabajador no puede pasear por la calle, práctica de bajo riesgo y, sin embargo, sí que puede ir a trabajar? En el caso del COVID-19, el peligro es que algunas medidas muy discutibles hagan que se produzca la tentación de no respetar otras que son necesarias.
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